Las
denuncias en Guayaquil ya superan las 700, según Enry Bazurto,
coordinador de la Fiscalía del Guayas, y ayer decenas de personas
seguían presentando quejas en contra de los supuestos dueños y
representantes de la compañía Publi-Fast.
Entre ellas estaba Diana Cornejo, quien pese a haber recuperado su inversión estaba presentando una denuncia para apoyar a las ocho personas que ella motivó a ingresar a Publi-Fast y que no tuvieron su misma suerte; entre todos, dijo, perdieron alrededor de $ 8.000.
“Ellos me están presionando”, sostuvo Cornejo mientras hacía fila para tomar un turno. Bazurto indicó que el Ministerio Público resolvió por sorteo que un solo fiscal se hiciera cargo de la investigación de la supuesta estafa de Publi-Fast.
Se trata del fiscal Miguel Vélez León, de la Unidad de Soluciones Rápidas, a quien recién ayer les fueron remitidos los casos. Bazurto indicó que fiscales de otros cantones colaborarán receptando las denuncias y versiones de los perjudicados fuera de Guayaquil.
Sostuvo, además, que las investigaciones determinarán si hay otros delitos conexos a la supuesta estafa masiva, como infracciones tributarias, por ejemplo. Esto, porque, según algunos denunciantes, en Publi-Fast les exigían facturas solo firmadas, sin valor ni fecha.
Cornejo lo corroboró y sostuvo que la explicación que le daban era que la empresa debía verificar e imprimir en la factura su horario de trabajo.
Hernán Ulloa, quien representa a unos dos mil denunciantes a nivel nacional, dijo el pasado sábado que hay personas que aseguran que sus facturas fueron reportadas al Servicio de Rentas Internas por valores superiores a los $ 8.000.
Entre los representados de Ulloa está Guillermo Morales, quien dijo que invirtió $ 896 con la idea de ganar $ 1.000 al mes. Indicó que se quedó sin empleo y que el dinero era parte de sus ahorros.
Al igual que Cornejo, Morales espera que los representantes de Publi-Fast aparezcan y les devuelvan lo invertido. Él identificó a Luis C. como el dueño y a Roberto A., expresentador de televisión, como la principal imagen de la empresa.
El primero no aparece, pero el segundo respondió ayer a través de su cuenta de Twitter que su única vinculación con Publi-Fast es de imagen. “Yo no tengo nada de nadie, no he recibido plata (dinero) de nadie. Nunca antes supe del funcionamiento de los sistemas en línea, por lo que creí en el proyecto que me presentara el señor Luis C. para ser la imagen de Publi-Fast, en la convicción de poder contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de tantas familias pobres (...), citó Roberto A.
Añadió que no estuvo vinculado a la parte administrativa, pero reconoció que cedió una empresa creada por él para que Publi-Fast operara, y que posee un porcentaje mínimo de acciones que “corresponde a la imagen publicitaria”.
Hoy, a las 08:30, está previsto un plantón de los perjudicados afuera del Gobierno Zonal, en el norte de Guayaquil.
Art. 563 Código Penal
El que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro se hubiere hecho entregar fondos, ya empleando manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas empresas (...) será reprimido con prisión de seis meses a cinco años...”.
Entre ellas estaba Diana Cornejo, quien pese a haber recuperado su inversión estaba presentando una denuncia para apoyar a las ocho personas que ella motivó a ingresar a Publi-Fast y que no tuvieron su misma suerte; entre todos, dijo, perdieron alrededor de $ 8.000.
“Ellos me están presionando”, sostuvo Cornejo mientras hacía fila para tomar un turno. Bazurto indicó que el Ministerio Público resolvió por sorteo que un solo fiscal se hiciera cargo de la investigación de la supuesta estafa de Publi-Fast.
Se trata del fiscal Miguel Vélez León, de la Unidad de Soluciones Rápidas, a quien recién ayer les fueron remitidos los casos. Bazurto indicó que fiscales de otros cantones colaborarán receptando las denuncias y versiones de los perjudicados fuera de Guayaquil.
Sostuvo, además, que las investigaciones determinarán si hay otros delitos conexos a la supuesta estafa masiva, como infracciones tributarias, por ejemplo. Esto, porque, según algunos denunciantes, en Publi-Fast les exigían facturas solo firmadas, sin valor ni fecha.
Cornejo lo corroboró y sostuvo que la explicación que le daban era que la empresa debía verificar e imprimir en la factura su horario de trabajo.
Hernán Ulloa, quien representa a unos dos mil denunciantes a nivel nacional, dijo el pasado sábado que hay personas que aseguran que sus facturas fueron reportadas al Servicio de Rentas Internas por valores superiores a los $ 8.000.
Entre los representados de Ulloa está Guillermo Morales, quien dijo que invirtió $ 896 con la idea de ganar $ 1.000 al mes. Indicó que se quedó sin empleo y que el dinero era parte de sus ahorros.
Al igual que Cornejo, Morales espera que los representantes de Publi-Fast aparezcan y les devuelvan lo invertido. Él identificó a Luis C. como el dueño y a Roberto A., expresentador de televisión, como la principal imagen de la empresa.
El primero no aparece, pero el segundo respondió ayer a través de su cuenta de Twitter que su única vinculación con Publi-Fast es de imagen. “Yo no tengo nada de nadie, no he recibido plata (dinero) de nadie. Nunca antes supe del funcionamiento de los sistemas en línea, por lo que creí en el proyecto que me presentara el señor Luis C. para ser la imagen de Publi-Fast, en la convicción de poder contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de tantas familias pobres (...), citó Roberto A.
Añadió que no estuvo vinculado a la parte administrativa, pero reconoció que cedió una empresa creada por él para que Publi-Fast operara, y que posee un porcentaje mínimo de acciones que “corresponde a la imagen publicitaria”.
Hoy, a las 08:30, está previsto un plantón de los perjudicados afuera del Gobierno Zonal, en el norte de Guayaquil.
Art. 563 Código Penal
El que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro se hubiere hecho entregar fondos, ya empleando manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas empresas (...) será reprimido con prisión de seis meses a cinco años...”.
Para ingresar a Publi-Fast teníamos que pagar la inscripción y comprar $ 55 de una marca de café y una entrada de $ 20 o $ 30 para un concierto”.
N. N., denunciante
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