Indagarán otros delitos, a más de la presunta estafa masiva

Las denuncias en Guayaquil ya superan las 700, según Enry Bazurto, coordinador de la Fiscalía del Guayas, y ayer decenas de personas seguían presentando quejas en contra de los supuestos dueños y representantes de la compañía Publi-Fast.
Entre ellas estaba Diana Cornejo, quien pese a haber recuperado su inversión estaba presentando una denuncia para apoyar a las ocho personas que ella motivó a ingresar a Publi-Fast y que no tuvieron su misma suerte; entre todos, dijo, perdieron alrededor de $ 8.000.
“Ellos me están presionando”, sostuvo Cornejo mientras hacía fila para tomar un turno. Bazurto indicó que el Ministerio Público resolvió por sorteo que un solo fiscal se hiciera cargo de la investigación de la supuesta estafa de Publi-Fast.
Se trata del fiscal Miguel Vélez León, de la Unidad de Soluciones Rápidas, a quien recién ayer les fueron remitidos los casos. Bazurto indicó que fiscales de otros cantones colaborarán receptando las denuncias y versiones de los perjudicados fuera de Guayaquil.
Sostuvo, además, que las investigaciones determinarán si hay otros delitos conexos a la supuesta estafa masiva, como infracciones tributarias, por ejemplo. Esto, porque, según algunos denunciantes, en Publi-Fast les exigían facturas solo firmadas, sin valor ni fecha.
Cornejo lo corroboró y sostuvo que la explicación que le daban era que la empresa debía verificar e imprimir en la factura su horario de trabajo.
Hernán Ulloa, quien representa a unos dos mil denunciantes a nivel nacional, dijo el pasado sábado que hay personas que aseguran que sus facturas fueron reportadas al Servicio de Rentas Internas por valores superiores a los $ 8.000.
Entre los representados de Ulloa está Guillermo Morales, quien dijo que invirtió $ 896 con la idea de ganar $ 1.000 al mes. Indicó que se quedó sin empleo y que el dinero era parte de sus ahorros.
Al igual que Cornejo, Morales espera que los representantes de Publi-Fast aparezcan y les devuelvan lo invertido. Él identificó a Luis C. como el dueño y a Roberto A., expresentador de televisión, como la principal imagen de la empresa.
El primero no aparece, pero el segundo respondió ayer a través de su cuenta de Twitter que su única vinculación con Publi-Fast es de imagen. “Yo no tengo nada de nadie, no he recibido plata (dinero) de nadie. Nunca antes supe del funcionamiento de los sistemas en línea, por lo que creí en el proyecto que me presentara el señor Luis C. para ser la imagen de Publi-Fast, en la convicción de poder contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de tantas familias pobres (...), citó Roberto A.
Añadió que no estuvo vinculado a la parte administrativa, pero reconoció que cedió una empresa creada por él para que Publi-Fast operara, y que posee un porcentaje mínimo de acciones que “corresponde a la imagen publicitaria”.
Hoy, a las 08:30, está previsto un plantón de los perjudicados afuera del Gobierno Zonal, en el norte de Guayaquil.
Art. 563 Código Penal
El que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro se hubiere hecho entregar fondos, ya empleando manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas empresas (...) será reprimido con prisión de seis meses a cinco años...”.

Para ingresar a Publi-Fast teníamos que pagar la inscripción y comprar $ 55 de una marca de café y una entrada de $ 20 o $ 30 para un concierto”.
N. N., denunciante

Fiscal pide prisión de 4 personas en caso Publi-Fast

La Fiscalía pidió este martes la prisión preventiva en contra de cuatro personas involucradas en el caso de supuesta estafa a los afiliados de la presunta empresa publicitaria online Publi-Fast.
Además, solicitó congelar las cuentas bancarias y la prohibición de salida del país de las personas investigadas en el caso de presunta estafa masiva.
Un representante del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien estuvo este martes en una reunión con los afectados, indicó que la institución evaluará caso por caso para dar un tratamiento especial, informó el noticiero de Teleamazonas.
El caso se conoció el pasado miércoles. La Fiscalía indicó vía Twitter que hasta el momento se han receptado cerca de 2.000 denuncias por presunta estafa en el caso Publi-Fast, en varias ciudades de Ecuador. Cada afiliado debía publicar avisos de propagandas en redes sociales.

Los sedujo la forma fácil de duplicar su dinero en la web

Quienes entraron a vender publicidad por internet dicen que el nombre de Publi-fast era ya popular desde fines del año pasado en el país. Las historias reales de familiares, amigos, colegas, profesores y alumnos que invertían $ 500 y recibían al final $ 2.500 de ganancia convencía a otros de ingresar de inmediato a este negocio.

También los atraían ventajas como trabajar desde la casa promocionando por menos de una hora publicidades en redes sociales como Facebook.

Por ello, miles de personas habrían invertido sus sueldos, ahorros o préstamos en Publi-fast, como la mayoría conocía a este negocio. Pero el pasado miércoles, según denuncian, se enteraron de que sus dueños no aparecían y que nadie respondía por el dinero invertido.

“Utilicé parte de las utilidades que me dio mi papá para esto. Pensé en ahorrar así para pagar mi carrera (Enfermería). No puedo trabajar porque estudio de 07:00 a 11:00”, contó Karen Cedeño, de 19 años.

Ella esperaba ayer su turno en la Fiscalía del Guayas, en Víctor Manuel Rendón y Córdova, en el centro de Guayaquil, para denunciar la supuesta estafa. Allí llegaron cientos de personas que decían ser perjudicadas de otros cantones del Guayas y de provincias como Cotopaxi, Morona Santiago, Pastaza. “En Macas somos como unos 1.000 perjudicados. Yo puse dinero de mi jubilación, $2.000 para abrir cuatro cuentas y ahora pasa esto, no cobré nada de mi dinero”, relató Pastora Ríos, de 74 años, quien dijo que tenía una maestría en Educación. Agregó que el pastor y los feligreses de su iglesia cristiana creyeron en lo mismo.

Quienes ayer reclamaban supuestos perjuicios contaron que creyeron en la aparente legalidad del negocio porque los obligaban a sacar un RUC (Registro Único del Contribuyente) y un facturero para cobrar. Adicional a esto, contaron que quienes fungían como dueños les enseñaron supuestos papeles del Servicio de Rentas Internas (SRI), números de cuentas bancarias y documentos.

Una perjudicada tenía un boleto con la firma Publi-fast que le hicieron comprar para un concierto el mes pasado. Ahí constaba un nombre que la web de la Superintendencia de Compañías registra como empresa creada el 19 de noviembre del 2013 con capital suscrito de $ 800, y razón social para la producción de películas para cine, TV, radiodifusión y otros.

En una entrevista televisada, de mayo pasado, el dueño de Publi-fast (L.C.) dijo que tenía más de 100.000 afiliados en menos de un año, y que habían llegado a España y Perú.

Perjudicados aseguraron que llamaron al propietario de Publi-fast, quien no les contestaba el celular. En el estado de WhatsApp solo les aparece “Mi intension es ayudar miles de familias y generar empleo para mucha gente pero las personas no colaboraron con mi intension. Dios los bendi”. (sic)

Ayer solo en Guayaquil, más de 500 afectados denunciaron el hecho en la Fiscalía. En otras ciudades, como Machala, la Policía allanó locales donde funcionaba Publi-fast.

Dejé mi trabajo también para meterme en esto. Creí que era serio porque estaba un presentador de TV, que decía era seguro. Metí a mi familia y amigas”.
Jénifer Salas
24 años, afectada.

Denuncian que en Publi-Fast exigían facturas sin llenar

Desde el pasado miércoles, cuando se conoció la supuesta estafa a los afiliados de la presunta empresa publicitaria online Publi-Fast, centenas de personas reclaman la devolución de sus inversiones a través de denuncias en la Fiscalía y por mensajes posteados en la cuentas de Facebook de los presuntos dueños de la compañía.

Otros, en cambio, comenzaron a agruparse para reclamar y enjuiciar a los supuestos responsables bajo el patrocinio del abogado Hernán Ulloa, quien ayer indicó que luego de conversar con varios denunciantes descubrió que detrás de la supuesta estafa masiva se habrían configurado otros delitos.

Según Ulloa, tres de los supuestos perjudicados indicaron que para obtener una membresía en Publi-Fast los obligaban a obtener un Registro Único de Contribuyentes (RUC) y a cancelar una determinada cantidad de dinero por inscripción.

Luego del trabajo que realizaban on-line debían presentar una factura, al parecer en blanco, para recibir pagos de entre 200 y 300 dólares mensuales.

No obstante, indicó Ulloa, a raíz del conocimiento de la supuesta estafa, los tres perjudicados habrían investigado en el Servicio de Rentas Internas (SRI) el destino de sus facturas y descubrieron que estas habrían sido ‘infladas’ con cantidades exorbitantes.

“Habiendo recibido una cantidad de 200 o 300 dólares, en el SRI aparece que han recibido la cantidad de $ 6.000 u $ 8.000, y si esto es así, el delito es diferente y la Fiscalía deberá hacer una profunda investigación para establecer cuáles son los delitos que se han cometido”, manifestó Ulloa.

Se presume que serían miles de personas perjudicadas en diferentes partes del país, por lo que Hernán Ulloa ha pedido que se agrupen para pedir que la Fiscalía asigne un solo investigador que recepte sus versiones. Se conoció, además, que una de las personas a quien los denunciantes señalan como dueño de Publi-Fast tiene seis procesos judiciales abiertos en su contra. Según la Función Judicial del Guayas, tres por delitos contra la vida, dos por alimentos y uno por lesiones.

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